En Colombia, las negociaciones para definir el salario mínimo de 2025 avanzan con incertidumbre. A pesar de las intensas conversaciones entre el Gobierno nacional, liderado por la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, los sindicatos de trabajadores y los empresarios, aún no se ha llegado a un consenso definitivo.
Durante la última sesión del miércoles 18 de diciembre, las partes señalaron que persisten diferencias significativas en las propuestas de incremento salarial. Según la ministra Ramírez, todavía queda margen para realizar una o dos sesiones extraordinarias antes de tomar una decisión final, cuyo plazo legal vence el 30 de diciembre.
Proyecciones de incremento
En caso de que el Gobierno tenga que fijar el salario mínimo por decreto, se estima que el aumento podría oscilar entre el 8 % y el 10 %, según las cifras promedio planteadas por las partes en discusión:
- Incremento del 8 %: El salario mínimo quedaría en $1.404.000, con el auxiliar de transporte sumando $162.000.
- Incremento del 9 %: El salario mínimo alcanzaría $1.417.000.
- Incremento del 10 %: La cifra sería de $1.430.000.
Actualmente, el salario mínimo mensual en Colombia es de $1.300.000, con un auxiliar de transporte de $162.000.
Posturas de las partes
Los sindicatos, liderados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), mantienen la solicitud de un incremento del 12 %, argumentando que es necesario para mitigar el impacto de la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Por su parte, los empresarios se han mostrado cautelosos, proponiendo un aumento en el rango del 5 % al 7 %, debido a preocupaciones sobre los costos laborales y la sostenibilidad económica.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirmó que las propuestas del gremio no han sido divulgadas públicamente para no dificultar las negociaciones, mientras que los sindicatos expresan escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
Impacto en la economía
El salario mínimo es un factor clave para la economía colombiana, ya que afecta no solo a los ingresos de los trabajadores, sino también a los costos operativos de las empresas y a los niveles de empleo formal. Un incremento moderado podría equilibrar las necesidades de ambas partes, mientras que un alza más significativa podría beneficiar a los trabajadores, aunque con riesgos para la estabilidad laboral en ciertos sectores.
Con el tiempo corriendo y las posiciones todavía alejadas, el panorama sigue siendo incierto. Sin embargo, el compromiso de las partes de continuar dialogando abre una posibilidad para evitar que el aumento sea definido de manera unilateral por el Gobierno.
